25 de octubre 2013
“Como ya se está viendo en la limpieza de la ciudad, este método no sólo empeora la calidad del servicio sino que además implica el despido de trabajadores. De nuevo, el Consistorio nos tendrá en frente si pone en peligro los puestos de los 500 empleados dedicados a gestionar el alumbrado”.
En opinión de Lissavetzky, resulta “paradójico” que el Consistorio anuncie que el nuevo contrato ahorrará un 20% en la factura eléctrica de la ciudad mediante medidas de eficiencia energética. “Teniendo en cuenta que los responsables municipales llevan desde 2009 asegurando que el 99% de las 250.000 lámparas instaladas en Madrid son las más eficientes del mercado, cabe pensar que el ahorro que traerá el nuevo contrato se deberá más bien a la supresión de farolas, lámparas y demás puntos de luz en la ciudad. Madrid se puede quedar a oscuras”, señala el portavoz.
Por su parte, la concejala Ruth Porta, responsable socialista en cuestiones de medioambiente, sostiene que el nuevo contrato integral es todo un “apaga y vámonos”. Según la edil, se trata de “la guinda de los nefastos contratos integrales que ha ido aprobando el Gobierno municipal en los últimos meses”. Y añade: “El ahorro anunciado de 65 millones de euros en este contrato integral se va a obtener, como en los demás, con lo único en que es eficiente el PP: en los despidos”.
En la actualidad, el servicio de alumbrado de, entre otros, calles, fuentes públicas o regulación de semáforos cuenta con unos 500 trabajadores que, si se repite lo ocurrido con similares operaciones, podrían ver peligrar su puesto.
Los baches de Madrid, Lissavetzky también se ha referido a otro de los nuevos contratos integrales del Ejecutivo Botella, el de las infraestructuras viarias, aprobado hoy.
En su opinión, la escasa inversión que se dedicará a la Operación Asfalto -5,4 millones de euros anuales- sólo permitirá asfaltar cada año 80 de las 12.000 calles de la ciudad, muchas de las cuales presentan un firme en mal estado y lleno de baches.
“Es intolerable que el nuevo contrato permita que la empresa adjudicataria pueda tardar diez días en reparar hundimientos de hasta 15 m2. Tales dilaciones son una irresponsabilidad, porque pueden propiciar accidentes”, conluye el portavoz socialista.
